Duty of care sin convertirlo en burocracia de viaje
Qué necesita saber la organización antes de que alguien viaje, quién decide cuando algo se complica y qué se puede dejar fuera sin perder diligencia.
Marta instala equipos para una empresa de sesenta personas y viaja dos o tres veces al mes. Un sábado por la tarde llama a su jefe desde una ciudad en la que el aeropuerto ha cerrado por una protesta que nadie esperaba. El hotel le ha pedido que no salga y el vuelo de vuelta ha desaparecido de la aplicación. Su jefe le dice que no se preocupe, que ahora mismo lo mira, y cuelga para descubrir que no sabe en qué hotel está, que el número de asistencia del seguro aparece en un correo de hace dos años y que la agencia de viajes no abre hasta el lunes. Todavía no ha pasado nada grave. Pero la empresa ya va tarde.
Esa escena es el deber de protección visto desde dentro. Casi todas las organizaciones lo resuelven con una política y una póliza, y las dos cosas hacen falta. Lo que ninguna de las dos hace es contestar al teléfono. El seguro paga después del incidente, pero no acredita lo que la empresa hizo antes, y esa es exactamente la pregunta que harán un cliente, una aseguradora o un juez cuando algo salga mal: qué sabía la empresa de ese viaje, quién lo aprobó y con qué criterio, y qué tenía preparado para la primera hora. En España el deber de protección del empresario está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que trae a nuestro ordenamiento la directiva marco europea de seguridad y salud en el trabajo. Ni una ni otra distinguen por tamaño de empresa ni se quedan en la puerta de la oficina, y la ISO 31030 es la guía, voluntaria, que explica cómo cumplir ese deber cuando la gente viaja. Cómo se concreta en cada caso lo dirá Legal. Que existe, no hace falta discutirlo.
Lo que más se oye en las pymes es que esto es cosa de multinacionales, con su sala de control, su plataforma de localización y su proveedor de asistencia, y que ya lo harán más adelante. El error está en medir el riesgo por la plantilla. Una ingeniería de doce personas que manda a dos técnicos a obra cada mes tiene más que gestionar que una empresa de cuatrocientos empleados que solo visita oficinas de clientes en capitales europeas. Lo que decide el programa es el perfil de viaje: cuántos viajan, adónde, a hacer qué y con qué frecuencia. Y ahí entran también los contratistas, los viajes dentro del país y el viaje de trabajo al que se le añaden unos días de vacaciones, que suelen quedarse fuera de la política y dentro de la responsabilidad.
Un programa proporcionado cabe en pocas páginas. Alguien con nombre que lo lleva y un directivo que firma la política y asume el nivel de riesgo que la empresa acepta. Una política de dos páginas que la gente lea. Un registro de quién viaja, cuándo y dónde duerme, que se rellena antes de reservar. Y tres categorías de viaje, para que la atención vaya donde está el riesgo. La mayoría de los viajes solo necesitan la reserva por el canal acordado, una ficha del destino y el número de asistencia guardado en el móvil. Unos pocos necesitan una evaluación de una página, un briefing corto y un contacto a horas fijas. Y los destinos a los que el propio Gobierno desaconseja viajar necesitan una decisión escrita de la dirección, apoyo especializado y, muchas veces, la respuesta honesta de que ese viaje no se hace. El nivel de riesgo del país es el punto de partida, no el final. Se ajusta por ciudad, por fechas y por quién viaja, porque no es lo mismo ir en grupo que ir sola, ni todas las personas corren el mismo riesgo bajo todas las legislaciones.
Después viene lo que casi nadie ensaya. Un plan de respuesta de una página que diga quién decide, quién puede gastar dinero sin pedir permiso, a quién se llama y qué se hace en la primera hora. Un ejercicio de mesa de hora y media con un caso realista, que suele terminar con una lista de cosas que no estaban donde todo el mundo creía. Y una revisión anual del seguro leyendo la póliza de verdad: hasta dónde cubre una evacuación médica, qué excluye, si alcanza a los contratistas y a los viajes dentro del país, y qué precauciones exige haber tomado para pagar. Lo único que una empresa pequeña debería comprar y no construir es la asistencia con capacidad real de evacuación, porque un traslado sanitario internacional puede costar más que todo el programa junto.
Los errores se repiten tanto que casi se pueden recitar de memoria. Contratar una plataforma de seguimiento antes de decidir quién la mira y qué hace cuando salta una alerta, que es la manera más cara de tener un panel bonito y ninguna respuesta. Escribir una política larga que los viajeros no leen y los jefes no aplican. Mandar el briefing como adjunto sin pedir acuse, de forma que luego no hay manera de demostrar que llegó. Dejar el programa en manos de Finanzas o de Recursos Humanos sin nadie que aporte criterio de seguridad. Y no probar nunca el plan de respuesta hasta que lo prueba un incidente real.
Al final, el programa se demuestra con una carpeta. La política firmada, el registro de viajes, las evaluaciones hechas, los acuses de los briefings, la póliza con su revisión, el plan de respuesta, el acta del ejercicio con sus acciones cerradas y la revisión anual. Casillas marcadas y al servidor, para poder demostrar, dentro de casa o ante una inspección de trabajo, que todo está hecho.
A nosotros nos preocupan las personas. Estar ahí cuando hace falta ayuda y resolver las situaciones que, vistas desde la oficina, no parecen críticas, pero para quien las está viviendo sí lo son. Un vuelo cancelado a medianoche en una ciudad desconocida, una maleta perdida con la medicación dentro, una llamada que nadie devuelve. La carpeta acredita lo que se hizo antes del viaje. Pero si en tu empresa alguien llamara un sábado desde un aeropuerto cerrado, ¿quién cogería el teléfono y qué sabría de esa persona en los primeros diez minutos? La respuesta a esa pregunta es el estado real de tu duty of care.
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